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Aborto legal: seguro ¿Pero gratuito?

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Colombia se debe preparar para un intenso debate acerca del aborto, colectivos feministas cada vez hacen más acto de presencia en el país.

Gracias a los colectivos feministas y la contestación continua por parte de la derecha moral, el tema del aborto está más vigente que nunca. En Colombia, el aborto no es penalizado en tres casos particulares; pero algunos argumentan que, dada la posibilidad de objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud y barreras administrativas, ni siquiera en estos casos se garantiza el acceso a atención médica de calidad.

El debate público se ha centrado en el “derecho” de la mujer a decidir -sin importar su motivación- sobre el desarrollo del feto; y en el supuesto costo (en vidas o recursos del Estado) de que el aborto de calidad sea o no garantizado. Lastimosamente, los argumentos al respecto tienden a ser exagerados, alarmistas y desinformados.

El debate moral sobre el aborto

Moralmente, el punto de quiebre se da al considerar o no al embrión -o feto- como un ser humano individual. El aborto es prácticamente un homicidio o, por otra parte, tan inofensivo como el uso de anticonceptivos.

Aunque en ambos extremos se presuma lo contrario, no se ha determinado certeramente si el embrión es un ser viviente independiente desde el momento de la concepción.

Lo que es un hecho, es que después de la semana 23 el bebé podría sobrevivir fuera del vientre materno. Entonces, la decisión de la mujer respecto al desarrollo del feto debería ser limitada. No hacerlo, es dar mayor importancia a la “libertad” de la madre que a la vida del bebé.

En Colombia bajo las tres causales legales, no existe límite de semanas para realizar la interrupción del embarazo. Mientras que en la mayoría de los países donde es legal, el límite es de 12 semanas; y en casos donde la vida de la madre corre riesgos, el límite suele ser la semana 24.

En el 2018 cuando se buscó imponer un límite máximo de 24 semanas en Colombia, se desataron protestas, hubo un plantón en la plaza de Bolívar y la corte constitucional votó en contra de limitar el tiempo máximo para acceder al procedimiento.

El aspecto legal de los abortos en Colombia

La legislación actual no vela ni por la supuesta libertad de las mujeres para decidir, ni por la vida que se gesta durante el embarazo. Como en muchos otros casos el Estado Colombiano incomoda, pero no protege a nadie.

Estudios de la universidad del Externado estiman que en Colombia se dan en promedio 90 mil abortos al año, de los cuales, aproximadamente el 97% son ilegales. Según datos de la Policía Nacional, solo el 0.05% de las mujeres que abortan ilegalmente son capturadas. Por ello, resulta evidente la incapacidad real que tiene el Estado para materializar la penalización de este delito.

La OMS afirma que, en el mundo, por abortos legales se presentan de 0 a 1 muerte por cada 100 mil procedimientos. En contraste, cruzando información del DANE y del DNP, un 15% de las muertes por causas relacionadas al embarazo se atribuyen al aborto. Según esto, en el 2018 aproximadamente 50 mujeres habrían muerto por abortar en condiciones clandestinas.

Cómo afectan los abortos el sistema de salud público 

Adicionalmente, se desconoce el número de mujeres que ingresan anualmente al sistema de salud por complicaciones derivadas de abortos clandestinos. En parte, debido a que es difícil determinar si el ingreso al sistema de salud se relaciona a un aborto inducido o a uno involuntario, y en otra medida por complicidad de quienes prestan atención médica y deciden no reportar a quien aborta ilegalmente.

El sistema de salud está obligado a velar por la salud de la mujer, aun cuando ingresa al sistema por complicaciones derivadas de abortos clandestinos. En condiciones seguras, el número de mujeres con complicaciones derivadas de estos procedimientos podría disminuir. Entonces, se puede suponer que el acceso a aborto seguro podría reducir el gasto global en atención médica por complicaciones derivadas del procedimiento.

Confiando en estas estimaciones, si en Colombia se garantizara la opción de abortar de forma segura, podrían dejar de morir 50 mujeres al año; y el gasto en atención médica post-aborto podría reducirse.

¿Aborto gratuito?

Con un costo por aborto de 120 mil pesos, esta garantía les costaría a los contribuyentes por lo menos 10800 millones de pesos anuales. Un costo excesivamente alto teniendo en cuenta la baja cantidad de muertes que podrían prevenirse y la incertidumbre asociada a cualquier otro tipo de beneficio.

Con esto en mente, garantizar el acceso gratuito a este procedimiento es claramente inconveniente. Primero, por sus altos costos y pocos beneficios incontrovertibles; y segundo, porque su garantía implica la coerción de todo aquel que se declare moralmente en contra de este.

El aborto no debería ser penalizado, pero se debe estipular un límite de semanas basado en la probabilidad de supervivencia del bebe fuera del vientre. La incapacidad del Estado para evitar abortos clandestinos no es excusa para legalizar esta práctica, pero en conjunto con la falta de argumentos objetivos en su contra, no queda más remedio que reevaluar el papel del Estado respecto al tema.

Sin embargo, el aborto inducido sería una decisión de la madre, y si los colectivos feministas desean garantizar su gratuidad, que se encarguen de recaudar los recursos necesarios entre los que libremente decidan contribuir. No hay ningún motivo para que se pretenda cargar el costo de esta decisión al grueso de la ciudadanía, a menos que sea para los casos que actualmente contempla la ley.

La eventual legalización del aborto abriría un debate -en aras de la igualdad- acerca del derecho del hombre a renunciar a la paternidad, luego de la concepción e incluso después del parto. Solo queda esperar que, para ese momento, no sean los contribuyentes los que deban cargar con el peso de las decisiones de mujeres abortistas y, además, de padres biológicos irresponsables.

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