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Biden aboga por allanamientos sin orden judicial e incautación de armas

La administración Biden y algunos fiscales generales están presionando a la Corte Suprema de Estados Unidos para respaldar allanamientos sin aviso ni orden judicial así como la incautación indiscriminada de armas.

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En un caso presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos el miércoles, la Administración Biden, junto con los fiscales generales de nueve estados, dieron argumentos pidiendo a los jueces que respaldaran la entrada a viviendas sin orden judicial y la confiscación de armas por la policía. El caso se deriva de una disputa doméstica entre un matrimonio de ancianos, Edward y Kim Caniglia. Después de una intensa discusión entre los dos, Kim salió de la casa para pasar la noche en un hotel. Entre ellos ocurrió una crisis que llevó a Edward a decirle dramáticamente a su esposa que le disparara con una de sus pistolas.

Al día siguiente, no pudo comunicarse con su esposo y se preocupó. Se acercó a la policía para un control de bienestar y una escolta de regreso a la casa. Pero a su llegada, la policía manipuló a Edward para una evaluación psiquiátrica. Se le requirió a pesar de que los oficiales admitieron en su informe del incidente que «parecía normal» y «estaba tranquilo en mayor parte». Luego, los oficiales de policía le mintieron a la Sra. Caniglia y le dijeron que el Sr. Caniglia accedió a conceder sus armas. Aunque Edward fue dado de alta rápidamente del hospital, solo pudo recuperar su propiedad después de presentar una demanda de derechos civiles.

¿Cómo pueden estar bien las incautaciones sin orden judicial?

La policía en este caso se basó en una excepción limitada a la Cuarta Enmienda llamada «cuidado comunitario». Esta excepción es una doctrina de medio siglo creada por la Corte Suprema diseñada para casos que involucran autos confiscados y seguridad en las carreteras. Básicamente, estaba destinado a brindar a las fuerzas del orden una forma legal de retirar automóviles del costado de la interestatal o despejar obstrucciones. Si bien la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos reconoció que el alcance de la doctrina fuera del contexto de los vehículos motorizados está «mal definido», sostuvo los argumentos en este caso y permitió que la excepción se extendiera a los hogares privados.

En su dictamen, la Corte afirma que esta excepción está ‘‘diseñada para dar a la policía margen de maniobra para tomar las medidas adecuadas’’. Pero los abogados de Edward Caniglia argumentan que extender la excepción de cuidado comunitario a hogares privados sería un asalto a la Cuarta Enmienda. En efecto, otorgaría a la policía un cheque en blanco para entrometerse en los hogares. Un escrito de amicus curiae presentado por la ACLU, el Instituto Cato y la Unión Conservadora Estadounidense coincidió con los abogados. Concretamente, señaló que las jurisdicciones que extendieron tales disposiciones condujeron a invasiones de hogares sin orden judicial por cosas como música alta o tuberías con fugas.

Problemas potenciales

No es necesario tener mucha memoria para comprender exactamente cómo estas facultades laxas pueden fallar. Para cualquiera que haya prestado atención al ciclo de noticias durante el año pasado, es discordante. Vemos a una administración demócrata abogar por allanamientos sin orden judicial y la incautación de armas apenas un año después de la muerte de Breonna Taylor. Taylor fue asesinada en su propia casa por la policía. La operación consistió en una entrada sin aviso (vinculada a una orden judicial falsificada) donde los policías llenaron su apartamento (y los alrededores) con balas. El novio de Taylor, creyendo que la casa era invadida por delincuentes en medio de la noche, disparó en defensa y fue el acusado original.

Todos los cargos fueron retirados más tarde y él está demandando al departamento de policía.  El caso creó una tormenta de fuego nacional que elevó las conversaciones sobre los derechos y la autodefensa de la Segunda Enmienda, las órdenes judiciales sin aviso, las protecciones de la Cuarta Enmienda y la necesidad de reforma policial. Si tales atrocidades ocurrieron bajo nuestras leyes actuales, es bastante aterrador imaginar lo que la policía podría hacer. Todo depende de si la administración Biden se sale con la suya en este caso. Tales argumentos ante la Corte Suprema muestran que, para muchos progresistas, su admirable instinto de restringir el poder policial se pierde rápidamente.

Solo es cuestión de que vean la oportunidad de socavar la legítima defensa.

Hipocresía demócrata

Esto está muy equivocado. Un vistazo rápido a las operaciones del sistema de justicia revela que la expansión de los poderes policiales casi siempre impacta con más dureza a las comunidades marginadas. Sí, las mismas comunidades que los demócratas afirman «defender». En un discurso de 2016, el senador Tim Scott habló sobre su propia experiencia con los prejuicios raciales en la policía como hombre negro en este país. “En el transcurso de un año, la policía me ha detenido siete veces”, dijo Scott. ‘‘No cuatro, no cinco, no seis, sino siete veces en un año como funcionario electo’’ recalca. No hay razón para pensar que una extensión de la excepción de atención comunitaria no debería el mismo efecto en las comunidades de color.

Para citar solo un estudio de cientos, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos halló que cuando ocurren  delitos con armas de fuego, es más probable que las personas negras…

  1. Sean arrestadas.
  2. Obtengan sentencias más largas por delitos similares y
  3. Les den un reforzamiento de las sentencias.

Si la Corte Suprema sostiene el argumento de la administración, no es difícil predecir qué comunidades se verán más afectadas por esta nueva expansión. Los progresistas tampoco son los únicos que experimentan una desconexión de principios en este momento.  Muchos republicanos se sorprendieron en los últimos meses al ver que los departamentos de policía imponen rápidamente medidas inconstitucionales. Se llevan a los dueños de negocios a la cárcel y multan a las personas respetuosas de la ley que simplemente querían ir a trabajar. Probablemente, la derecha estaría horrorizada por los argumentos presentados en este caso y su clara violación de derechos en la Segunda y la Cuarta Enmienda. Pero no debe escapar de ellos ver quién defiende estas violaciones, ni quién finalmente las haría cumplir.

Negro panorama de abusos aproximándose

En otro amicus curiae presentado por el gigante de los litigios de interés público, el Instituto de Justicia, los abogados extendieron los alegatos. ‘‘La Cuarta Enmienda protege nuestro derecho a estar seguros en nuestra propiedad. Ello representa el derecho a no tener miedo de que la policía ingrese a su casa sin advertencia o autorización. Una excepción que permita a la policía irrumpir en su hogar sin una orden judicial cuando sienta que están actuando como ‘cuidadores de la comunidad’ es una amenaza para la seguridad de todos’’ argumentan.

El caso de Breonna Taylor debió ser un punto de inflexión en la historia de nuestra nación. Debió impulsar una legislación que fortalezca y defienda nuestros derechos individuales esenciales y restringiría el poder policial. Muchos esperaban que fuera la gota que colmó el vaso que pusiera fin a prácticas atroces como las órdenes de arresto.

En cambio, a pesar de muchas protestas y demandas, seguimos viendo a políticos de ambos lados del pasillo presionar por un mayor poder policial y por erosionar el derecho a estar seguros en nuestros hogares y nuestra propiedad. El excongresista Justin Amash (L-MI) dijo que la protección contra registros sin orden judicial es fundamental para la Declaración de Derechos. ‘‘El requisito de la orden judicial no es opcional; está en el corazón de la Cuarta Enmienda’’, dijo Amash a FEE. ‘‘Tratar la Cuarta Enmienda como si permitiera rotundamente registros e incautaciones que parecen ‘razonables’ […] Independientemente de si se ha obtenido una orden judicial, la despoja de su propósito. Debe proteger el derecho de las personas a estar seguras en sus personas y propiedades’’.

No se equivoquen, este es uno de los ataques más espantosos contra nuestros derechos fundamentales y nuestra forma de vida que se están produciendo actualmente.

Artículo redactado por Hannah Cox y publicado por la Foundation For Economic Education
3 Comentarios
  1. Prosanatos dice

    En 1975, Ronald Reagan dijo estas dos frases:

    *) Hoy en día hay personas en Estados Unidos que han llegado a depender absolutamente del gobierno para su seguridad. Y cuando el gobierno falla, buscan rectificar ese fracaso otorgando más poder al gobierno. Así que, como el gobierno ha fallado en controlar el crimen y la violencia con los medios que le da la Constitución, buscan darle más poder a expensas de la Constitución. Pero al hacerlo, en su voluntad de renunciar a las armas en nombre de la seguridad, en realidad están renunciando a su protección frente a lo que siempre ha sido la principal fuente de despotismo: el gobierno.

    *) Lord Acton dijo que el poder corrompe. Entonces, si esto es cierto, cuanto más poder le demos al gobierno, más corrupto se volverá. Y si le damos el poder de confiscar nuestras armas también renunciamos a los medios definitivos para combatir ese poder corrupto. Al hacerlo, sólo podemos asegurar que finalmente estaremos totalmente sometidos a él. Cuando los dictadores llegan al poder, lo primero que hacen es quitarle las armas al pueblo. Eso facilita mucho la actuación de la policía secreta, facilita mucho la imposición de la voluntad del gobernante a los gobernados.

    ¿Así de claro, o se los dibujo?

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