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Chile: dictan orden de detención contra 800 militares por corrupción

Un desfalco dentro del Ejército de Chile que acumula un monto de 3.000 millones de dólares condujo al fiscal regional de Aysén a emitir una orden de detención contra 800 militares, que ahora deberán ser juzgados.

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Era 2015 cuando llamó la atención el caso apodado «Milicogate», una investigación abierta por periodistas chilenos para esclarecer hechos de corrupción dentro del Ejército. Al principio la revisión de factura arrojó desfalcos de decenas de millones de dólares, que luego al excavar más a profundidad actuaron como una bola de nieve, llegando a los miles de millones. Tal escabriosa era la situación que todo partió de un solo evento investigado por la fiscal Paola Jofré… Pero poco a poco se ramificó hasta que en 2018 tocó al veterano fiscal Carlos Palma desentrañar un fraude de 3.000 millones de dólares. En aquél momento, apenas eran 300 los investigados. Hoy día ese número casi se triplica, ascendiendo a 800 militares envueltos en la trama que arrancó en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército, Santiago.

Según informa la Fiscalía de Chile, los fondos se destinaron a pagar deudas privadas pero originalmente se desembolsaron para pagar honorarios y sueldos. Sin embargo, los trabajos que justificaban el concepto de pago nunca se realizaron. Así, la ‘retribución’ en realidad no tendría ningún sentido. «[…] En algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían. Los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo. Por lo tanto existía salida de dinero sin justificación. En algunos casos, hubo extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido» hizo saber Palma en declaraciones hechas a la emisora RLN. Hoy, tras dos años de investigaciones, emitió una orden de detención contra los involucrados.

800 militares y el proceso

Actualmente, muchas personas piensan que la orden de detención necesariamente implica que los efectivos (entre activos y retirados) serán llevados a prisión. Es posible inclusive que se pueda intuir al leer el titular, pero esto no es tan simple. Quien resuelve la privación definitiva de libertad (la cárcel) solamente puede ser el juez. Los fiscales no tienen autoridad suficiente para emitir una resolución de este tipo. Igualmente, Carlos Palma —experimentado abogado con más de 19 años de experiencia— en su investidura de fiscal sí tiene la autoridad para ordenar a las fuerzas de seguridad una detención, pero en casos concretos. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en su artículo 4, determina que las órdenes directas a fuerzas de seguridad solo aplican durante la investigación. En el caso específico de una orden de detención, se debe tener aprobación judicial previa.

Después de emitirse la orden de detención se tiene que colocar al detenido a disposición del juez competente, conforme al artículo 19 de la Constitución de Chile. Profundizando sobre los fundamentos constitucionales, el artículo 94 del Código Procesal Penal dicta que aquí (detención conducida por orden de la autoridad competente) el procesado debe ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención. Más allá de que se conoce sobre la orden de detención y la investigación previa, no hay mucha información sobre quién autorizó la detención. Ya en el pasado (2018 – 2019) se procesaron varios ex-altos mando del ejército por corrupción, aunque algunos fueron puestos en libertad. Las penas para este delito contra la cosa pública van en un rango desde los 541 días a cinco años.

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