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Fernández legaliza el cultivo y uso de marihuana medicinal en Argentina

Con la aprobación del Reglamento de la Ley 27.350, ahora se puede producir, comerciar y usar marihuana con fines medicinales en Argentina, pudiendo incluso obtenerla gratuitamente por parte del Estado.

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Durante la madrugada de hoy a las 00:00 horas, el presidente progresista Alberto Fernández aprobó un decreto que cambiará el panorama del cannabis en Argentina. Hablamos de la aprobación de la Reglamentación de la Ley 27.350, que legaliza el cultivo, producción, comercio y uso de marihuana medicinal. De hecho, si existe indicativo médico el Estado se ve obligado a garantizar el acceso al producto canábico, según manda el artículo 7. La posición del Ejecutivo argentino frente al tema de la guerra contra las drogas creó las expectativas de que, si ganaba, la cosa cambiaría. «Yo creo que ahí también tenemos que dar una respuesta sensata. La solución no es andar persiguiendo a fumadores de porro de marihuana. La solución es actuar con otra sensatez» dijo Fernández cuando era candidato en las PASO, durante Junio de 2019.

La situación previa a la legalización del autocultivo es calificada de precaria por las organizaciones civiles y redes de usuarios. «En 2017 no reglamentaron el autocultivo y otra vez quedamos a la deriva. [Quedamos] como delincuentes a las que nos podían imponer una pena de entre cuatro a quince años. Cualquiera podía ser allanada o si me entraban a robar en casa no podía llamar a la policía porque tenía plantas» dijo Valeria Salech, presidenta de la red Mamá Cultiva. El artículo 5 de la Ley 23.737 sobre Tenencia y Tráfico de Estupefacientes presentaba esta realidad. La pena establecía un rango de 4 a 15 años de prisión por cultivar plantas y guardar semillas para la producción o comercio con cannabis . Al no reglamentarse el autocultivo con la pura Ley 27.350 en 2017 durante la gestión de Macri, los cultivadores quedaron expuestos.

¿Marihuana gratis? El Reglamento 27.350 en resumen

La reglamentación innova de cuatro formas principales:

1) Afecciones que se pueden tratar con marihuana medicinal. Antes de hoy, solamente podían tratarse con marihuana quienes tuvieran epilepsia refractaria. Ahora, cualquier persona está autorizada para acceder a la marihuana para fines terapéuticos siempre que obtenga efectos positivos. El artículo 7 explica que «los y las pacientes que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de Cannabis y sus derivados» estarán facultados para comprar productos nacionales, importados o «formulaciones magistrales» elaboradas por farmacias.

2) Estatus legal del autocultivo. Cualquiera que recurra al autocultivo para la producción de marihuana medicinal podrá hacerlo bajo distintas vías. Puede hacerlo por sí mismo, a través de un familiar, de una tercera persona o una organización civil. En este caso, recurrirá al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) a fines de obtener la autorización correspondiente.

3) Potestades al momento de producir la planta y sus derivados industriales. El artículo 4 denomina como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Salud, facultándole para extender la reglamentación o dictar normas complementarias. El artículo 5, a su vez, dicta que la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Salud) puede «suscribir convenios y articular acciones con instituciones académico científicas, organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil que abordan la temática». Dichos convenios tienen como objeto la analítica de productos derivados de la planta y de cultivos que puedan fortalecer la producción para mejorar el acceso al tratamiento. Se presume que esto se logre mediante una mejoría en la oferta de los productos y en la obtención de parámetros de calidad.

4) Régimen legal polifacético para pacientes. El mismo artículo 7 agrega un parágrafo donde se especifica que quienes no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita al cannabis y sus productos derivados si sirven a fines medicinales. Esto implica que existe una línea de consumidores normales (que compran o cultivan por sí mismos) y consumidores subsidiados (a los que el Estado les «garantiza» el acceso).

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