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La “Ley de odio” del régimen chavista tiene una nueva víctima

Recientemente se sumó una nueva presa de la “Ley de odio” impulsada en el 2017, Giovanni Urbaneja, quien está detenido actualmente.

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La «Ley de odio» fue una norma impulsada y aprobada en el año 2017 a con el supuesto propósito de erradicar los mensajes de odio. Este mandato lleva el nombre de «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia»… Pero realmente a lo que este régimen llama “odio” no son más que discursos que vayan en contra de Maduro y servidores. Tiene total intención de penalizar cualquier disidencia política calificándola como delictiva, limitando así la libertad de expresión como el derecho a objeción de conciencia. Actualmente no poseemos la cifra total de víctimas, pero si estamos seguros es que son muchas teniendo en cuenta que no deberían existir. Entre los casos conocidos destacamos el del periodista Darvison Rojas, imputado por el Ministerio Publico por «instigación al odio e instigación pública». Fue arrestado el pasado 23 de Marzo solo por reportar sobre el coronavirus en Venezuela.

Otra víctima fue un obispo barquisimetano de nombre Victor Basabe, que durante una homilía pidió a la Divina Pastora liberar a Venezuela de «La Peste». Oró también por la liberación del país de las garras corruptas que significa la política chavista. Para el obispo, la política del régimen dictatorial «llevó al país a la ruina moral, económica y social». A los ojos de Nicolás Maduro, las peticiones del obispo constituyeron un pleno «delito de odio» por lo que pidió investigarlo. Tristemente como él, hubo muchos reprimidos bajo esta aberrante ley, quienes se asemejan a la nueva víctima de hoy: Giovanni Urbaneja. Urbaneja es un exlegislador y desertor del PSUV, quien se convirtió en una piedra en el zapato para el alcalde Francisco Belisario y otros funcionarios socialistas. Belisario, del régimen se hartó de su mayor crítico local, y lo acusó de estropear la respuesta al brote de coronavirus.

La detención de Urbaneja y la «Ley de Odio»

Procedió alevosamente contra el periodista en Agosto, escribiéndole a un fiscal del Estado para solicitar una «investigación exhaustiva» de su némesis. El alcalde defendió su accionar asegurando que la crítica era injusta porque la respuesta al coronavirus es administrada por el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, en ningún caso dependía de la oficina del alcalde. Días después varias decenas de agentes enmascarados allanaron su casa y se lo llevaron a punta de pistola para «conversar». Esto es lo que declaran el informe policial y la esposa de Urbaneja. Cabe a mencionar que Urbaneja está preso, esperando la formulación de cargos y el juicio. Ese tipo de denuncias se volvieron una maniobra cada vez más común y se hace evidentes que son totalmente inconstitucionales e ilegítimas. La «ley» no sólo viola el derecho a la libertad de expresión y critica, sino que también fue promulgada ilegalmente.

Siendo redactada y aprobada por una legislatura paralela que Maduro utilizo eludir a la Asamblea Nacional, la Ley no deriva del órgano legislativo electo. Por tanto, la «Ley de Odio» es considerada como espuria por muchos juristas venezolanos entrevistados como también que en cada caso las autoridades intervinieron contra venezolanos que han criticado a Maduro. Algo importante a destacar es que la semana pasada esta norma  jugó un papel importante en las elecciones parlamentarias, dicen los opositores de Maduro. Su rol de relevancia yace en poder intimidar a los críticos que se pronunciaron contra el gobierno en el período previo a la votación. Por las amenazas inducidas, la elección se considera como una farsa por la oposición, los grupos de derechos humanos y la mayoría de las democracias occidentales. Así llegó el control de la Asamblea a los aliados del presidente, el último poder público no secuestrado.

Artículo escrito por Saul Pacheco para MÁS Libertad.

 

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