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Nadie puede alegar su propia culpa en beneficio propio

Al igual que muchos otros delincuentes en el pasado, la huelga de hambre de Santrich es una excusa para evitar la extradición.

huelga de hambre pretexto para evitar la extradicion

Colombia es un Estado Social pero también de Derecho, lo cual implica que tanto la estructura y funcionalidad del Estado, así como la actuación de los funcionarios públicos se encuentra sometido al imperio de la Ley. Lo anterior quiere decir que es la Ley, con su característica de general y abstracta, la única fuente material tanto de acción como de organización y funcionamiento del aparato estatal.

Dentro de ese imperio normativo existe, una escala jerárquica normativa que conlleva el respeto o fidelidad que deben observar las normas entre sí, pero distinguiendo la supremacía de aquella que se encuentra por encima de su propia existencia. Este es el rol judicial que cumple por ejemplo, la Corte Constitucional, al hacer respetar los preceptos constitucionales como máxime ente normativo de este Estado Social de Derecho. No obstante, por mandato también de la constitución y aun entendiendo que este es la norma de normas,  se encuentra como pilar jurídico inclusive anterior a la constitución misma, la aplicación de los tratados suscritos por Colombia y ratificados por el Congreso Nacional, se reitera, como fuente máxima de Derecho y primer norma acatable dentro del sistema jurídico Colombiano.

No obstante dentro de todo este andamiaje jurídico normativo, no se encuentra o al menos hasta ahora lo consultado, una norma que obligue ya bien sea a un Estado o a un particular a actuar de manera benevolente frente a una persona que se autoflagela ya bien sea provocándose dolor propio o inclusive dejando al azar, el evento de generarse daño a ella misma, tal y como ocurre con las huelgas de hambre como forma de protesta.

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Todo lo contrario, dentro del ordenamiento jurídico se encuentra claramente determinada, la responsabilidad predicable a los mismos sujetos ya mencionados (Estado y particulares), cuando estos causan un daño a otro que no se esté obligado a soportar, conllevando el resarcimiento del perjuicio causado ya sea pecuniariamente o personalmente, tal y como ocurre en el ámbito del Derecho Penal.

Conforme al anterior marco, tenemos que lo que hizo el Gobierno Nacional trasladando a Alias “Jesus Santrich” a la conferencia episcopal, fue dar aplicación a una norma moral y no a una norma jurídica (que como ya vimos es el máximo ente generador de derechos y deberes), lo cual si bien es cierto puede implicar consecuencias positivas desde el punto de vista ético y moral también puede degenerar en consecuencias jurídicas negativas para los funcionarios que propiciaron dicha acción, de por sí abusiva del ordenamiento jurídico. Abusiva en tanto que como ya lo advertimos, no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico una norma que obligue a trasladar a un recinto más “humano” a un detenido a fin que este cese su huelga de hambre la cual  ha entrado por su propia voluntad; por el contrario, lo que sí existe es una norma positiva que obliga a no dar un trato denigrante ni inhumano a cualquier persona, menos cuando esta se encuentra bajo la potestad del Estado, tal y como ocurre con un detenido, situación ostensiblemente diferente a la acción de traslado efectuada por el gobierno nacional.

Ahora, de acuerdo a las versiones dadas por el propio Viceministro de Justicia, al detenido Santrich se le estaban suministrando todos los medicamentos que su condición física requiere así como las bebidas, coloquiales “aromáticas”, que el mismo estaba solicitando. Conforme a esto de ninguna manera el Estado estaba sometiendo al procesado a algún tipo de trato cruel e inhumano (cumpliendo la ley) sino que estaba siendo antes benevolente con la condición física parietal que este, según las informaciones tiene; como para que de manera abusiva y no autorizada por él Derecho, se pretenda resarcir el auto perjuicio ocasionado, trasladando al mismo a un sitio más apto para la condición física autosugerida por el detenido.

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De acuerdo a lo anterior, actuar entonces con benevolencia, ante un detenido que debe padecer las vicisitudes de un proceso penal que implica a su vez detención privativa de la libertad, no sólo vulnera el principio de legalidad ya comentado sino que además conculca el Derecho fundamental a la igualdad que de ahora en adelante todo detenido va a incoar, cuando por su propia voluntad decida sustraerse de ingerir alimentos a fin de propiciar para sí mismo, no sólo mejores condiciones habitacionales sino además porque no,  dotarle de ambientes que permitan la elusión o evasión del cumplimiento de una medida de aseguramiento impuesta en su contra, lo cual  rompería de manera clara y grave el deber de cuidado y vigilancia que adquiere el Estado cuando captura a alguna persona por alguna investigación que cursa en su contra.

Lo que hizo el Gobierno con ese traslado, además de materializar un precepto moral (que eventualmente merece o no otro tipo de reproche subjetivo) fue optar por un camino cuidadoso y protector del proceso de paz, que si fuera tan fuerte y sólido como siempre lo manifestaron,  de ninguna manera podría sucumbir ante una conducta punible que, según las evidencias reveladas, no fue cometida en virtud del conflicto armado sino en virtud del interés y satisfacción personal, lo cual dista mucho del interés presuntamente nacional que un principio tuvo el  proceso de paz.

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