Acusan a Rafael Correa de cohecho agravado por multimillonarios sobornos

El Procurador general de Ecuador, Iñigo Salvador, acusó de cohecho agravado a 24 personas, entre ellas Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glas y varios de sus ministros, y pidió una indemnización para el Estado de  23,3 millones de dólares, dentro del caso que investiga aportes irregulares para el partido político del exmandatario.

«Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País (que era el movimiento político de Correa) ganaba todas las elecciones. A través de tanto dinero que se invirtió mediante este mecanismo de cohechos que iban dirigidos al aparato administrativo de Alianza País, estaba presente en la memoria de los votantes y por eso al momento de ir a votar votaban por Alianza País», dijo Salvador durante la audiencia preparatoria de juicio.

El Procurador añadió que el expresidente Correa en forma personal recibió 6.000 dólares como préstamo, 5.000 dólares para el festejo por su cumpleaños, y para Alianza País aprobó rubros como 34.700 dólares para camisetas, 582.000 para publicidad, 100.000 para la campaña denominada «Rafael contigo siempre», entre otros.

[irp]

Una sofisticada estructura de corrupción

En su exposición, Salvador aseguró que la «sofisticada estructura de corrupción» fue diseñada, dirigida y utilizada desde la presidencia, vicepresidencia y Ministerios de la República, utilizando sus instalaciones y recursos, para canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de contratos de obra pública.

«El líder de este esquema era Rafael Correa Delgado, presidente de la República, quien designaba como ministros o secretarios de Estado a personas de su absoluta confianza […] No es fortuito el hecho de que estas personas giraron siempre en torno a Rafael Correa Delgado y ocuparon cargos de alta responsabilidad de manera cíclica, consecutiva y recurrente», enfatizó el Procurador.

Según Salvador, la vinculación de esos altos funcionarios, en varios momentos, con carteras de Estado altamente proclives a la celebración de cuantiosos contratos de obra pública y que, además eran directivos del movimiento político Alianza País, «garantizaba la lealtad al líder del esquema delincuencial Rafael Correa, la clandestinidad y continuidad del esquema y la autoridad necesaria para que sus instrucciones fueran cumplidas por los funcionarios de rango inferior».

El funcionario presentó más de 200 elementos de convicción en contra de los procesados.

Afirmó que dentro del esquema de corrupción se utilizaban códigos secretos, ocultamiento de identidades, cruce de facturas; que el dinero era entregado en efectivo para evadir controles, y que los fondos provenientes de los sobornos destinados a actividades de política electoral no fueron reportado a la autoridad de control.

En el caso, conocido como «Sobornos 2012-2016», se han presentado como pruebas detalles de las facturas, las empresas y los aportes efectuados al movimiento político Alianza País a cambio de contratos con el Estado.

La Fiscal Diana Salazar ha descrito montos, destinos y formas de pago (efectivo y cruce de cuentas).

Los abogados de los acusados, mientras tanto, han pedido la nulidad del proceso, argumentando, entre otras cosas, una supuesta vulneración al derecho a la defensa por declararse reservada la instrucción fiscal.

Las acusaciones son negadas por el expresidente y sus exfuncionarios, quienes se escudan en que hay una persecución política en su contra.

El Procurador sostiene que el monto del perjuicio al Estado en el caso «Sobornos 2012-2016» supera los siete millones de dólares, pero pide el triple de indemnización por los daños causados.

Con información de Sputnik.