Contratos de prestación de servicios, el resultado de la actuación fallida del estado en materia laboral
El Estado colombiano a través de sus políticas y legislación laboral es el principal obstáculo para la generación de empleo de calidad.
El trabajo como fuente de ingresos personales y motor del desarrollo, es una institución básica de la vida en sociedad, asegura el beneficio del trabajador que con su esfuerzo desarrolla bienes y/o servicios para satisfacer deseos o necesidades humanas, y el empleador que garantiza todo un esquema de producción permitiendo desarrollar estas labores. Del bienestar del empleado depende en parte la productividad, el consumo y el ahorro de las familias, mientras que en el empleador descansa la responsabilidad de determinar las oportunidades de trabajo de la comunidad, a través de la innovación o el emprendimiento.
Dicho esto, es innegable que las medidas estatales tendientes a sobreproteger a alguna de estas partes (trabajador-empleador), o a imponerles cargas abusivas, tienen consecuencias negativas palpables en el mercado laboral, terminando siempre como víctima el trabajador, el cual carece de medios y oportunidades para lograr su estabilidad en modelos restrictivos.
Un claro ejemplo de esto, es la situación engorrosa que vive nuestro país bajo la contratación de personal a través de la modalidad de prestación de servicios, en la cual, empresas privadas o públicas, adquieren los servicios de una persona y no son obligadas a pagarle ninguna de las prestaciones sociales que exige la ley, exponiéndolas a una evidente situación de desigualdad frente a los que están vinculados laboralmente a través de contratos de trabajo (termino fijo, término indefinido, u de obra o labor).
Para dimensionar un poco la situación de clara desventaja, pensemos en el ejemplo en que María, vinculada por contrato de trabajo, gana cierta cantidad de dinero, a esta, se le descontará 8% del salario para aportes a salud y pensión, dejándole una carga al empleador de 20.5% de aporte al sistema de seguridad social y de 8% de parafiscales cuando hubiere lugar a ellos. Es necesario resaltar que estos parafiscales, son uno de los tipos de impuestos más nocivos en la medida que su cuota depende de la cantidad de trabajadores empleados, desalentando claramente la inclusión de nuevo personal.
Mientras que a Luisa, que se encuentra laborando por modalidad de prestación de servicios, le corresponde pagar un 36.5% de un porcentaje de sus honorarios, más 11% de retención a la fuente sobre el valor total, así, si A y B ganan 1 millón de pesos, el primero gozará al final de mes de $1.096.000, afectando enormemente la caja del empleador, e indirectamente del grupo de población desempleada; y B, solamente $776.000, viendo menoscabada su posibilidad de suplir sus necesidades y de ahorro.
Ahora, descrita la situación, ¿a qué se debe esto?, sería vago y superfluo pensar que la culpa es de los empleadores que vienen empleando fuerza productiva bajo la forma de prestación de servicios; hay que ir más allá y reconocer que el sistema jurídico colombiano y el papel del Estado en materia laboral ha sido eminentemente intervencionista en el mal sentido (si es que hay uno bueno), y obliga al ciudadano aportar a un sistema de seguridad social profundamente mal diseñado, que no funciona bien, y que lamentablemente se ha convertido en el contexto principal de la corrupción de país.
La vinculación masiva de trabajadores bajo el esquema de los contratos por prestación de servicios, es el resultado del mal diseño de la política pública del Estado y la legislación laboral, que se ilustra primero en exceso de carga impositiva a empleadores, incidiendo directamente en el desempleo y la tercerización, segundo, exceso de requerimientos formales para la creación de empresas o la movilidad laboral, y por último un sistema de seguridad social pensado de tal forma que el Estado le dice al trabajador, por ejemplo, “si quieres tener estabilidad económica en tu vejez, no puedes ahorrar tú, dame la plata y yo te la administro” ó “no importa si quieres ahorrar tú, igual me tienes que dar ese dinero”, es decir, eminentemente paternalista. Pero claro, de un papá irresponsable que deja que esos dineros terminen en los titulares de prensa de los escándalos de corrupción, o los utiliza para otras funciones incluso cuando la misma ley se lo prohíbe.
En ese sentido, la conclusión es que este fenómeno de contratación, no es más que la respuesta natural a la dinámica que impone el Estado a través de todas sus regulaciones, que terminan siempre afectando más al ciudadano común que a las personas jurídicas. Finalmente, ¿qué hacer frente a esta situación?, surgen ideas interesantes como el establecimiento de salario mínimo por horas como en Estados Unidos, o de tajo la eliminación de esta figura, la cual no existe en países como Alemania o Noruega, y se ha demostrado el aumento efectivo en el empleo formal.
Esta y otras medidas deben acompañar un proceso de industrialización a través de unas condiciones optimas generadas a través de la administración pública, no en vano empresas como Mazda, Michelin, Bayer, Varta, Andina de Herramientas, han cerrado total o parcialmente sus operaciones en el país llevándose consigo una gran cantidad de puestos de trabajo con ellas, producto de altas tasas impositivas y demás obstáculos propios de un mercado laboral muy poco flexible. Hay que entender que la defensa del trabajador y la población desempleada empieza a partir de una amplia oferta de empleo. De poco sirve un sistema de seguridad social garantista cuando las oportunidades de empleo formal son cada vez más escasas. Es menester la búsqueda de un cambio del statu quo proteccionista hacía un mercado laboral mucho más incluyente que premie el emprendimiento, no imponga cargas insostenibles a las partes en cuestión y enfrente directamente los problemas estructurales de la generación de empleo formal.