Torturado y violado en Venezuela por protestar contra Maduro
Este es el caso de un jóven que fue capturado, torturado y abusado sexualmente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela.
«Este caso es único y sin precedentes en la nación, debido al patrón de violaciones, el elemento sexual, el encubrimiento y las responsabilidades criminales de los oficiales y sus superiores».
El 20 de julio de 2017, pensé que había visto el mal. Mientras ocurría este crimen, probablemente estaba revisando mi cuenta de Twitter, llena de imágenes de la represión contra ciudadanos que habían estado protestando en toda Venezuela desde abril de ese año.
Tal vez estaba en una marcha, enfrentándome al miedo y al gas lacrimógeno, o sentado en casa, escuchando el rugido de los colectivos chavistas en sus bicicletas.
Estaba mucho más seguro que el hombre de 20 años que fue detenido por la Guardia Nacional en su camino a una protesta, y llevado a una prisión improvisada en una instalación de la compañía eléctrica pública CORPOELEC en Maracaibo.
Fue golpeado y torturado sexualmente por al menos 10 oficiales y llevado a un tribunal militar cinco días después, violando flagrantemente el debido proceso porque, primero, es un civil y, segundo, la ley establece un máximo de 48 horas entre un arresto y una preliminar audiencia.
Aun así, ese joven tuvo el coraje de denunciar su terrible experiencia a un juez que, de todos modos, lo envió a la cárcel, sus victimarios andaban impunes…
Al menos hasta ahora.
Las habituales torturas del régimen de Maduro a opositores
«No solo fue una violación, fue una tortura sexual: una violación de los derechos humanos porque fue cometida por fuerzas activas de seguridad del estado», dice María Inés Hernández, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), responsable de la defensa del hombre.
“Cualquier detenido debe ser llevado inmediatamente a un centro de detención para establecer la responsabilidad de su bienestar bajo custodia. La orden de uso de las oficinas de CORPOELEC ya viola el debido proceso, y esa orden fue otorgada por oficiales de alto rango que están completamente identificados pero no fueron procesados”, explica.
El caso se pospuso siete veces en 2018 por motivos como apagones o no notificación a la víctima. En CODHEZ, no creen que esto sea una coincidencia, porque «¿cuál es el objetivo? Para que la víctima abandone el proceso».
Y esto es precisamente lo que hace que el caso sea digno de mención: la víctima (que eligió permanecer en el anonimato) y sus abogados no abandonaron sus esfuerzos, y varios periodistas informaron sobre el tema que “generó una presión decisiva para los resultados positivos obtenidos en la última audiencia”.
Actualmente, hay ocho oficiales encarcelados en la unidad de la Guardia Nacional Bolivariana en Sierra Maestra, municipio de San Francisco; los otros dos huyeron y ahora son buscados por la Interpol. Mientras tanto, el caso no puede avanzar a juicio porque la Fiscalía no recolectó las pruebas correctamente.
El 21 de febrero, la audiencia preliminar se repitió y el cargo de tortura fue retirado, mientras que los acusados, cuyo encarcelamiento fue ratificado, no admitieron su responsabilidad.
Los archivos muestran a más de 20 personas con exámenes forenses que también fueron abusados sexualmente y maltratados al mismo tiempo, fecha y lugar, pero la Fiscalía no los incluyó en el proceso. Esas víctimas y sus familias han recibido amenazas.
Entonces, sí, tuve suerte ese día. Tal vez lo peor que obtuve fue el gas lacrimógeno o el horror lejano que percibes en una pantalla y no debajo de la piel, como lo vive esta gente ahora. La justicia no borrará lo que sucedió, pero permitirá la curación… Si los presionamos lo suficiente.
Este artículo apareció por primera vez en The Caracas Chronicles por Braulio Polanco.