Malas noticias para Gustavo Petro, puede perder la investidura
Las malas noticias para Petro no dejan de llegar, hoy se supo que puede estar cerca de perder la investidura por su mala administración en Bogotá.
Según se dio a conocer en un informe de RCN Radio la cadena obtuvo en primicia la información de que el Consejo de Estado revivió la demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador Gustavo Petro Urrego.
Dicha perdida de investidura llegaría a Petro porque podría haber vulnerado el artículo 122 de la Constitución el cual establece unas prohibiciones para postularse a un cargo de elección popular.
El demandante alega en contra de Gustavo Petro la existencia tres fallos de la Contraloría de Bogotá debido a decisiones que llevó a cabo el actual senador de la Colombia Humana cuando fue Alcalde Mayor de la capital.
Gustavo Petro afectó el patrimonio de Bogotá
El demandante también estipula que las decisiones fiscales son la muestra de que, Petro afectó el patrimonio de la ciudad en 300 millones de pesos.
“Por Constitución, normas legales y desarrollos de la jurisprudencia de las cortes existe en Colombia la prohibición de que cualquier persona responsable, por omisión grave o abierto dolo, de una pérdida de plata pública pueda contratar con el Estado, inscribirse como candidato a una elección o posesionarse como servidor público”, fueron las palabras del demandante.
Además, consideró que hasta la fecha, el Senador Petro no ha cancelado las multas impuestas por la Contraloría de Bogotá,
Petro se encuentra inmerso en una situación por posible inhabilidad para desempeñarse como congresista “hasta el 19 de noviembre de 2023” tal como lo estipula el certificado de antecedentes de Petro en la Procuraduría General.
“La inhabilidad por haber sido declarado responsable fiscalmente cumple con una finalidad constitucionalmente válida y legítima. Configura una expresión de los principios que orientan el ejercicio de la función pública, principalmente de la gestión fiscal y el manejo adecuado del patrimonio del Estado, pues pretende garantizar que quien aspire a desempeñar cargos públicos no haya sido condenado en juicio fiscal”, son los argumentos de la demanda.
Petro y la Procuraduría General tienen cinco días, otorgados por el Consejo de Estado, para presentar sus argumentos contra a la demanda, y pedir las pruebas en el estudio del caso.