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Venezuela: Policía arresta a un minero de Bitcoin e incauta 37 máquinas

Como si fuera un castigo por querer ganar dinero, un procedimiento policial en Carabobo (Venezuela) llevó al desmantelamiento de 37 equipos ASIC y un minero de 53 años por «operar sin permiso».

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Un problema cernido sobre la sociedad venezolana es la captación de rentas sobre actividades económicas no exploradas, que son aplastadas por un Estado represivo. Desde hace tres años y en varias ocasiones, operativos de las fuerzas de seguridad venezolana han detenido a personas que incursionan en la minería de criptomonedas. Lamentablemente, hoy el portal Criptonoticias dio a conocer el primer operativo del año: un minero del estado de Carabobo (Venezuela) fue detenido por involucrarse en «delitos informáticos». Según el informe oficial, los policías patrullaban la urbanización El Encanto (municipio Libertador) cuando notaron que un hombre huyó hacia el interior de una parcela. Notando una actitud extraña, inspeccionaron el lugar y se percataron de un ruido extraño que provenía de un container donde  encontraron 37 minadores. El minero, un hombre de 53 años, no tenía los permisos para operar, por lo que fue apresado.

No se tiene conocimiento de si los funcionarios mostraron una orden judicial para ingresar al inmueble y realizar el allanamiento. Sin embargo y de acuerdo al Foro Económico Mundial, la confiabilidad de los servicios de policía en Venezuela es la peor del mundo. Además, el país tiene el peor sistema judicial sobre la faz de la tierra. Por tanto, no resulta extraño que este tipo faltas procesales ocurran en Venezuela, coexistiendo con prácticas como la extorsión. Además, la minería de Bitcoin no es ilegal pues está regulada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. No obstante los costos de legalizar un negocio en Venezuela son altos. Una PYME pierde el 73.3% de sus beneficios pagando impuestos, es el país con mayor número de procedimientos para iniciar un negocio (20) y afrontar los costos demandados por las instituciones gubernamentales representa 4 veces la renta per cápita promedio.

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