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Flexibilización del mercado laboral en Colombia: tiempos de crisis requieren medidas extraordinarias

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En esta época en donde todos los sectores económicos del país se encuentran inmersos en una crisis financiera sin precedentes, los trabajadores en Colombia deberían estar exigiendo que la discusión de iniciativas para contrarrestar los altos índices de desempleo en el país, se convierta en un asunto relevante del debate político cotidiano.

Las propuestas dirigidas a crear reformas estructurales a nuestro sistema laboral no pueden seguir relegadas a la censura, simplemente porque generan malestar a los atornillados que viven de discursos populistas para permanecer en un cargo público.

Esta semana el DANE reveló que la tasa de desempleo en Colombia en el mes de julio fue de 20,2%, siendo que la registrada en julio de 2019 fue del 10,7%. Asimismo, la proporción del empleo informal en el país se ubicó en el 46%, evidenciando con ello, los resultados que ha generado en el país la imposición de cargas excesivas a los empleadores en temas de contratación.

Y es que diversos organismos; entre ellos la OCDE, han llegado a la conclusión de que la informalidad y los altos índices de desempleo en Colombia se deben a factores como las penalizaciones sobre el empleo parcial, el escaso margen de libertad que poseen los empleadores y empleados para negociar condiciones laborales particulares que se adecúen al servicio prestado, y a que poseemos sin duda, un salario mínimo muy alto.

Lamentablemente, los actores que deberían estar liderando la batalla sobre la flexibilización del mercado laboral para sobreponernos a la crisis económica en la que ya estamos inmersos, no se atreven a incorporarla dentro de su agenda política, pues eso, representaría menos votos para el siguiente periodo electoral.

Así es como, ante la necesidad de buscar medidas que incentiven la reactivación del empleo, la clase trabajadora colombiana sigue a merced de los intereses de sindicatos que están fuertemente representados en el legislativo, y que lejos de abogar por la generación de empleos formales, su objetivo se centra en la defensa del discurso popular que les garantice el goce de una amplia gama de beneficios.

Ahora bien, cuando se habla de una reforma laboral que flexibilice las condiciones que rigen las relaciones entre empleadores y empleados, no significa que se esté incentivando la eliminación de derechos de los trabajadores. Lo que se busca es la creación de medidas prácticas tales como la implementación de un salario mínimo diferencial por departamentos que ayude a estimular la formalidad laboral gracias a la adecuación de los incrementos salariales al costo de vida de esas regiones. O la eliminación de obligaciones como la afiliación a cajas de compensación y otros gastos labores no salariales para reducir los costos de contratación. O incluso, la expedición de normas como el Decreto 1174 del 27 de agosto del presente año, que busca poder garantizar una cobertura en salud, riesgos laborales y protección en la vejez a los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo.

Dicho esto, la reflexión que propongo se orienta a que la ciudadanía se apersone más por el ánalisis de los temas que los afecten directamente y que les generen barreras en la obtención de oportunidades. Debemos empezar a desapegarnos de los discursos paternalistas que, bajo una falsa protección del bien común, lo que han logrado es limitar nuestras libertades individuales restringiendo cualquier posibilidad de crear nuevas modalidades de relaciones laborales. De nada sirve el excesivo proteccionismo al trabajador si al mismo tiempo le restringimos cualquier posibilidad de vincularse a un empleo.

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