¿Qué puede hacer Venezuela con su deuda? Modelando las soluciones

Debajo de los problemas que tiene Venezuela hay un gigante dormido que, poco a poco, se despierta pero recibe poca atención en la opinión pública. Vivir en Venezuela ciertamente es una de las experiencias terrenales más cercanas a estar en el infierno, uno creado por hombres para sus semejantes. En 1950 este país, clave antaña para el desarrollo de eventos de magnitud en Hispanoamérica, llegó a ser el cuarto país con más riqueza per cápita del mundo. A finales de año y 71 años más tarde, el PIB per cápita va a cerrar en un valor 20% más bajo que el de Haití. A esto se le suma otro cúmulo de problemas que deben resolverse, pero entre los más importantes se halla el de la enorme deuda pública. En mi opinión, este problema no es comprendido a cabalidad y no hay soluciones propuestas para poder resolverlo.

Me explico. Creo que es comúnmente aceptado que gran parte de los problemas que hay en el país se deben a la falta de inversión. Y no solo a la falta de inversión como tal, a la escasez de capital, sino a la actividad económica eficiente, con incentivos… Es decir, a la que proviene del sector privado. La última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), publicada hace una semana, muestra que el 94.5% de la población es pobre. Por siete años consecutivos nos han clasificado como el país más miserable del mundo, de acuerdo al Índice de Miseria de Steve Hanke (Berkeley-Johns Hopkins). ¿Por qué? Porque somos el país con el agregado más fuerte de contracción económica, inflación, desempleo y altos tipos de interés para obtener créditos. ¿Y qué tiene que ver la deuda pública en esto? Eso es lo que voy a explicar, pero no garantizo que sea corto.

Midiendo la deuda pública y explicando su rol

Primero, para hacer crecer la economía necesitamos de más recursos bien posicionados (destinados a usos de mayor valor), canalizados mediante la inversión. El gran problema es que como explicaré en secciones más adelante, Venezuela tiene un déficit crónico de inversión, muy particularmente de inversión privada. Nuestra economía lleva al menos 56 años sin tener una dotación de capital que sostenga el desarrollo económico a largo plazo. Además, llevamos 63 años con espantosas fugas de capitales, también de carácter crónico, que solo agravan este problema. A falta de financiamiento nunca hemos podido desarrollar un mercado de capitales, y de ahí que con escasez de fondos los intereses sean altísimos (también crónicos). La deuda pública es una traba para conseguir financiamiento, en este caso externo, dado que contiene información negativa del estado económico futuro. Dicha información influye en las decisiones de los inversores foráneos.

Prometo usar las próximas secciones para explicar con más especificidad todos los problemas de la deuda pública, pero ahora trataremos de ver su carga. Tener en mente el monto de la deuda pública sirve más directamente al objetivo final de este artículo, que es justamente reducirlo. Acorde con las estadísticas de la base de datos «Fiscal Monitor» del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública bruta venezolana es del 303% del PIB. ¿Cuánto vendría a ser esto en términos de dinero? Unos 143.714,48 millones de dólares estadounidenses, 4996.47 dólares por persona acorde con las últimas estimaciones de población de las Naciones Unidas. Podemos notar que la solvencia es nula, pues necesitamos 22.5 veces los ingresos fiscales para pagar la deuda y 51.7 veces las reservas internacionales. Sin duda, un desastre total.

Deuda pública: las últimas cifras oficiales disponibles

Las cifras anteriores son las estimaciones más recientes y fiables del FMI para el año fiscal 2020, pero la situación empeora a diario. Además, se necesitan los datos del organismo multilateral porque el Banco Central de Venezuela solo reporta datos de deuda hasta 2018. Revisando estas últimas estadísticas oficiales de la máxima autoridad monetaria, la deuda era de 128.543 millones de dólares y aun así la solvencia resulta deplorable. Entre 1998 (Chávez gana la presidencia) y 2018, la deuda pública venezolana se multiplicó 4.5 veces, iniciando en 28.455 millones de dólares. Debo anotar que estos datos son necesarios para empalmar ambas series (del FMI y del BCV) para proyectar los múltiples escenarios de deuda. Ahora, cabe explicar por qué la deuda pública desatada es un factor de inestabilidad que todos debemos temer, pero no es sencillo.

Por lo más elemental, se puede decir que la deuda pública contiene información del futuro de la economía en tanto hay tres formas de pagarla. La primera es subiendo impuestos: los gobiernos tratan de pagarla expoliando a los agentes productivos de la sociedad con tributos más altos. Los inversores interpretan esta posible opción como una amenaza que deteriora el capital y destroza los márgenes de beneficio de una empresa. Argentina es el ejemplo más clásico: es el país con más tributos del planeta y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) deben pagar el 106% de sus beneficios para cumplir con todas las obligaciones. Es decir, si las empresas no evaden impuestos, van a quiebra. La segunda opción es refinanciar: pedir deuda para pagar la deuda, pero esta opción obliga a elevar impuestos en el futuro para cubrir la deuda refinanciada.

Problema principal: más deuda = endeudamiento más caro

¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción que tiene un gobierno para pagar su deuda es monetizar los déficits fiscales, una opción que Venezuela ya utilizó. El déficit fiscal acumulado de Venezuela es superior a los 400.000 millones de dólares (veremos más adelante que es otro problema crónico) y es notorio que no todos esos 400.000 millones de dólares son deuda. La brecha entre los déficits (que generan la deuda) y la deuda pública bruta que efectivamente existe es aquel déficit que fue monetizado. O sea, que se pagó con inflación en términos más criollos. Todas las opciones son, algunas en mayor grado que otras, negativas para las perspectivas del inversor. O achican sus márgenes de beneficio, interrumpen la formación de capital, enredan los ciclos de negocio o destruyen a los consumidores. Si no pagan la deuda, el problema revienta por otro lado.

Como ya lo expliqué en el reciente artículo de Chile donde lo elogié por su fortaleza fiscal, los países más insolventes tienen peor calificación crediticia. Una deuda soberana peor calificada tiene menos valor en los mercados internacionales, dificultando la capacidad para ser vendida y de este modo obtener financiamiento externo. Para solventar este problema, los gobiernos elevan el tipo de interés pagado sobre los títulos para hacer su deuda más atractiva. Obvio, esta opción encarece el endeudamiento por vía del interés, haciendo que a la larga la mayor parte de la deuda sean más intereses que capitales a reembolsar, incrementando el gasto secundario y ensanchando los déficits, metiéndonos en un círculo vicioso. De hecho, existe una correlación entre peores calificaciones crediticias y márgenes diferenciales más altos encontrados en un estudio de la CEPAL.

Evidencias en la historia reciente de Venezuela

En 2002, Venezuela tenía unos márgenes diferenciales de casi 1200 puntos base, uno de los más altos de Latinoamérica después de Ecuador, Brasil y Uruguay. Esto implica que los intereses de la deuda venezolana se encontraban 12 puntos porcentuales por encima del interés ofrecido por los títulos del Tesoro estadounidense. ¿Por qué el gobierno venezolano ofreció intereses sustancialmente más altos que los de otros países de la región y Estados Unidos? Pues porque nuestra deuda estaba calificada como B-/B3 por Standard & Poors y Moody’s, una de las peores clasificaciones que pueden obtenerse para deuda soberana. Dada la mala calificación, el atractivo era poco y, como ya se argumentó antes, para compensarlo se aumentaron los intereses. Esto necesariamente hizo el endeudamiento más caro, lo que amplió los déficits fiscales, consumió más recursos y multiplicó la deuda pública.

Por más increíble que parezca, la relación mutuamente reforzada entre la deuda pública y los intereses a pagar no es reciente ni llegó con Chávez. El sistema socialista del siglo XXI lo que hizo fue agravar un problema preexistente que llegó con la instauración de la democracia en 1958. El boom de deuda provocado en los 43 años del sistema democrático incrementó la deuda real 1113 veces, mientras que el interés se expandió 4228 veces. Y aquí entra lo interesante: el gráfico de dispersión mostrado evidencia que a más altos los niveles de deuda, más altos los niveles de interés. En el libro Eso es todo lo que tienes, democracia expliqué que la emisión acelerada de deuda secaba los mercados de dinero, elevando su precio… O sea, presionaba los intereses. Esto, sumado a la merma de la solvencia, generó un círculo vicioso terrible.

La insolvencia en tiempos pasados: un problema eterno

No digo que el chavismo no tenga la culpa de la desastrosa situación de la deuda pública actual ni nada por el estilo. Para no dar paso a las tergiversaciones, a lo que me refiero es que Venezuela vive un proceso de endeudamiento que viene de mucho antes. Evidentemente, este fenómeno trajo dinámicas perjudiciales consigo (Chávez no deterioró la calidad de la deuda en tres años) que el socialismo elevó a la enésima potencia. Entender la historia, aunque sea lo más elemental, sirve para comprender qué hicimos mal y debemos evitar repetir en futuras soluciones. La insolvencia y la deriva de la calidad en nuestra deuda vienen pasando penurias desde el siglo pasado, no es algo que podamos ocultar. En 1957, la deuda pública se podía pagar con apenas el 0.34% de los ingresos fiscales y el 0.4% de las reservas internacionales.

Aquella solvencia vital que pudo cambiar nuestro destino de haberse mantenido no duró mucho, y al llegar la democracia comenzó a desaparecer. Ya en 1962 la deuda pública representaba el 36.73% de los ingresos fiscales y el 124% de las reservas internacionales, y al agotarse el modelo todo empeoró. Cuando Chávez entró, la insolvencia era tanta que la deuda pública llegó al 247.7% de las entradas fiscales y el 373.5% de las reservas. Hoy, la insolvencia permanece pero es decenas de veces peor, y las consecuencias las vemos en un detalle que quizás no hayas notado. En la gráfica donde se muestran los márgenes diferenciales notamos que en 2017 Venezuela no aparece calificada, ni tenemos datos de ella. ¿Sabes por qué? Porque desde ese año estamos en default: somos inclasificables porque no pagamos nada.

¿Desconocer la deuda? Un plan infantil y peligroso

Datos más, datos menos, quizás la mayoría estaba consciente de la situación de la deuda antes de que pudiera describirla estadísticamente para dar más precisión. Por eso muchas personas han recurrido a la idea (impulsada por operadores del deslegitimado gobierno interino liderado por Juan Guaidó) de no reconocer la deuda. Sí, simplemente mandar al diablo a los acreedores, no pagar y reconocer algunos pocos compromisos. Con el perdón de quien lea si cree fervientemente en esta idea, pero el plan es absurdo, estúpido y no resuelve nada. Primero, si Venezuela desconoce la deuda va a continuar en default porque por más que nos neguemos a pagar, la deuda seguirá allí. Segundo, desconocer la deuda es arriesgado porque rompe el principio de la continuidad administrativa del Estado: los compromisos deben mantenerse sin importar quién gobierna.

La deuda venezolana permanecerá sin pagar y, lo que es más, será repudiada porque ahora los inversores no la encuentran como una inversión segura. Si los inversores de antes salieron perdiendo porque solo bastó con dejar de reconocer los compromisos para no pagar, ¿qué garantiza que los nuevos inversores no pasarán por un proceso traumático igual? La idea de desconocer la deuda ignora precisamente todos los daños que la insolvencia y la mala calificación crediticia nos hicieron. No nos podemos dar este lujo por exactamente esa razón: si Venezuela le envía esta señal a los inversores extranjeros, dejaremos de capitalizar ahorro externo. Necesitamos el financiamiento del mundo porque durante la democracia tuvimos un déficit de inversión privada de 198.077,95 millones de dólares, una cifra agravada en chavismo… Sin contar por supuesto la fuga de capitales, que ascendió a 187.940,32 millones de dólares.

Fuga de capitales monstruosa en tiempos de Chávez

Desconocer la deuda pública es una propuesta que se desconecta de la realidad y pone una bandera roja sobre Venezuela para que nadie invierta aquí. Olvida que en una situación tan delicada como es la del impago, deslindarse de la deuda agrava todo. Y precisamente por la razón de que Venezuela necesita urgentemente de inversión para acelerar la recuperación, no podemos tomar una medida que la expele. Cuando digo que hay un déficit de inversión me refiero a las diferencias entre la formación bruta de capital fijo efectiva con los niveles adecuados. ¿Qué es el nivel adecuado? Bueno, las experiencias exitosas de crecimiento muestran que las tasas de inversión total deben ser de 25% del PIB, acorde a un paper del BID. Mientras tanto, las economías asiáticas de alto crecimiento y las economías desarrolladas siguen ciertos patrones de inversión pública y privada.

Cualquier cifra por encima de estos patrones se considera un exceso de inversión, y los que estén por debajo son un déficit. Si a los 198.077 millones de dólares que nos faltó de inversión privada para crecer a largo plazo le contamos la fuga de capitales chavista… Nos caemos de la silla. Según el economista Miguel Ángel Santos (Harvard Growth Lab) los capitales fugados entre 1999 y 2018 suman un monto de 228.500 millones de dólares. Ello implica que 43 años de socialdemocracia y 20 años de chavismo dejaron una escasez de capitales que amontonan como mínimo 400.000 millones de dólares. Dicha cifra, que no considera los cambios situacionales (particularmente aquellos de los últimos años) no la podemos sacar de adentro. Nuestro producto interno bruto (PIB) es de apenas 47.255 millones de dólares acorde a la base de datos «World Economic Outlook» del FMI.

Déficit fiscal: el agujero negro financiero de Venezuela

La urgencia de solucionar el problema de la deuda se hace más evidente cuando consideramos los colosales déficits fiscales en los que Venezuela incurrió. ¿Por qué? Pues porque como los recursos son escasos, la acumulación de deuda exige capital que podría emplearse en procesos productivos. Los déficits fiscales provocan un desplazamiento de capitales desde el ahorro disponible y los mercados financieros al bolsillo de gobierno. Este efecto está bien documentado en la literatura económica y se le conoce como crowding out, literalmente traducido como desplazamiento. De hecho, hace poco aquí mismo publicamos un artículo recogiendo los hallazgos de la Wharton School of Business acerca del sobre-endeudamiento estadounidense. Los déficits fiscales «queman» los recursos que serían destinados en circunstancias diferentes para formación bruta de capital fijo, o inversión. De ahí surge otro problema: el Estado ha desbaratado nuestra estructura de capital.

Entre los años que rigió el sistema socialdemócrata (1958 – 1998) se acumularon déficits de 56.069 a 70.548 millones de dólares, dependiendo del deflactor. A la llegada del chavismo el problema lo empeoró, generándose un hueco fiscal de 409.002 millones de dólares en déficits. En el marco de su historia reciente, el Estado venezolano quemó aproximadamente 465.072 millones de dólares, despojándonos de cuantiosos recursos. Por tanto, los problemas de la fuga de capitales, la brecha del capital que necesitamos solucionar para crecer a largo plazo y la existencia de déficits crónicos (como cosa rara) nos impone, sí o sí, el apremio de tener un mercado de capitales bien formado. Pero para lograr eso primero debemos, por supuesto, pagar la deuda pública para canalizar capitales del exterior y dejar de expulsar los ahorros internos.

El riesgo del desplazamiento de capitales

El efecto de repelencia, expulsión, desplazamiento o crowding out puede manifestarse por cualquiera de las opciones fáciles para bajar la deuda. Si se paga aumentando los impuestos, el Estado acaparará recursos adicionales que necesitamos para financiar la inversión en procesos productivos por parte del sector privado. En caso de pagarse con expansión del crédito vía emisión monetaria, las presiones irán hacia los precios por medio de la depreciación del dinero. Tal sea el caso, lo que haremos será mantener un proceso inflacionario con el que debemos acabar y privaremos de recursos a los más necesitados.  De nuevo, el efecto desplazamiento expulsará a quienes menos tienen dinero para adquirir bienes y aumentará los requisitos de capital inicial para montar negocios. Si la deuda solo se paga con refinanciamiento (adquiriendo más deuda para pagar la deuda pasada), entonces los tipos de interés aumentan.

Esto no solo hará imposible pagar la deuda por la propia inercia del acumulamiento de intereses, sino que aumentará el precio del dinero. Secar el capital de los mercados para dárselo al Estado hará que, dada sus condiciones de escasez, aumenten los intereses a pagar por el crédito. Si los intereses son presionados al alza, dejaremos sin acceso a financiamiento a emprendedores y empresarios que no pueden pagar tasas tan altas. La representación gráfica nos indica que a medida que aumenta el déficit fiscal se contrae el ahorro disponible, lo que disminuye la cantidad de préstamos, eleva el interés y finalmente termina reduciendo la inversión. Tan solo este es uno de los tantos escenarios de relaciones macroeconómicas donde no arreglar los déficits puede salir mal. ¿Qué otras opciones simples quedan? Ninguna viable.

¿Podemos recurrir a la monetización? Eh, tampoco

En síntesis, el tamaño de la economía venezolana cubre poco más de una décima parte de los capitales que necesitamos para asegurar nuestro crecimiento. Si desconocemos la deuda, podemos privarnos (otra vez, como si 63 años no fueran suficientes) de desarrollar un mercado de capitales atrayendo financiamiento externo. Seguiremos en default —solo que renunciando a pagar lo que debemos—, daremos razones a los inversionistas para estar reacios a venir y le quitaremos seriedad al principal emisor de pasivos del país… Todo en una sola medida estúpida. Aun si obviáramos la importancia de la confianza en la toma de decisiones y el rol de los incentivos, es presuntuoso suponer que podemos arriesgarnos. Necesitamos el mayor financiamiento posible en el mejor entorno macroeconómico posible con las mejores expectativas posibles en el menor tiempo posible. Ahora, la segunda salida fácil es monetizar la deuda. ¿Se puede?

La respuesta es un rotundo no. La inflación llegó a un extremo donde lo que comienzan como 100 bolívares de poder adquisitivo terminan convirtiéndose en 1 al cabo de nueve meses. Sí, el bolívar venezolano pierde el 99% de su valor en menos de un año. No por nada los billetes del nuevo cono monetario se devaluaron incluso antes de salir al mercado y la presión arrastra al mismo dólar. A menos que queramos seguir empobreciéndonos, la salida no es monetizar la deuda. De hecho, si imprimimos moneda para luego cambiar por dólares y pagar con esos dólares los compromisos, sería un desastre. Para lograr este cometido tenemos que imprimir suficientes billetes para comprar 143.714,48 millones de dólares (más intereses), secando los mercados de divisas. Hay que extraer una cantidad de dólares equivalente a 3.04 veces nuestro PIB.

El rezago cambiario, consecuencia de la emisión

Ya la inflación brutal de los últimos 20 años obligó al gobierno a quitarle catorce ceros a la moneda para normalizar la contabilidad. ¿Por qué creemos que monetizar casi 144 mil millones de dólares es una buena idea para pagar la deuda? Hacerlo provocará una escasez increíble de dólares que presionará hacia arriba el ya de por sí muy elevado tipo de cambio libre. No hay ninguna razón para creer que extraer tantos dólares no va a causar una escasez de divisas que puede darnos el tiro de gracia. Menos todavía podemos esperar que siendo tan imperiosa la necesidad de dar los pasos correctos para reconstruir la economía venezolana, arranquemos cometiendo el mismo error. Sí, el mismo error de toda la vida de monetizar los abultados déficits fiscales y de pagar la deuda existente con inflación.

La cantidad ingente de bolívares emitidos en la economía venezolana es tan grande y circulan a una velocidad tan alta que los precios cambian diariamente. Si bien esto no es novedad, el detalle oculto es que los precios cambian más rápido y más fuerte que el precio del dólar. Este fenómeno conocido como rezago cambiario es el responsable principal de lo que llamamos inflación en dólares. En promedio, entre enero de 2019 y octubre de 2020 los precios en bolívares crecieron 42.2% más rápido que el tipo de cambio. Cuando esta nueva dimensión de la depreciación (explicada aquí) encontró su auge, los precios que después debían convertirse a dólares eran demasiado veloces. Igualmente, la mayoría de medidas que provoca el aumento de los precios en dólares se derivan de la propia incertidumbre provocada por la inestabilidad de los precios, alimentada por la emisión.

¿Qué hacemos para atender la deuda entonces?

Llegado a este punto, nos damos cuenta de que esas propuestas recurrentes y atractivas no están avaladas por la teoría económica. Ni siquiera por el sentido común. Las opciones más simplonas, fáciles y atractivas son alternativas inestables que no nos podemos dar el lujo de improvisar porque la crisis no lo permite. Quienes tengan que encargarse del desastre de la deuda, de urgente resolución para conectarnos con los mercados financieros internacionales, no pueden hacerlo.

El contexto venezolano no admite equivocaciones, posiblemente no nos dé segundas oportunidades y de lo que hagamos depende el destino de 28 millones de personas. Si el tiempo urge, no podemos desperdiciarlo tratando de recurrir a medidas que pueden terminar de destrozar al país. Entonces, ¿cuáles opciones tenemos disponibles para reducir la deuda? Al menos ocho medidas que nos dan para un total de 10 escenarios de deuda pública hasta 2035:

1. Reducir la tasa de endeudamiento a la mitad.
2. Detener el endeudamiento totalmente.
3. Obtener una tasa de interés preferencial producto de las negociaciones y reestructuraciones.
4. Privatizar una cuarta parte del acervo de capital público.
5. Conseguir refinanciamiento de organismos financieros multilaterales en forma de alivio de deuda o préstamos concesionarios.
6. Procurar que el gasto público se mantenga por debajo de la recaudación para causar superávits, que deben alcanzarse en 2027.
7. Incrementar el grado de utilización de los superávits para reducir más rápido la deuda pública.
8. Mejorar la calificación de crediticia para incrementar el crecimiento económico vía flujo de capitales y de ahí la recaudación fiscal.

Cada medida tiene un impacto distinto y lo más probable es que debamos explorar todas para reducir la deuda al máximo posible. Además, no debe obviarse que en varios casos, aunque no lo parezca al principio, las opciones son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Precondición: reforma institucional necesaria

Para que las propuestas hallen un nicho en el cual puedan aplicarse satisfactoriamente es necesario realizar una reforma institucional. Sabemos que la calidad de las instituciones de un país está muy estrechamente correlacionada con su nivel de riqueza. Las instituciones sólidas, funcionales y estables van a permitir que aquellas medidas que debamos aplicar para reducir la deuda no sean revertidas o atrofiadas. Además, la revitalización de las normas del juego pueden producir otros efectos beneficiosos reforzarán el aligeramiento de la deuda. El teórico Douglass North explica que la relación entre instituciones y crecimiento económico se debe a que son estas quienes refuerzan o penalizan patrones de comportamiento. Como él mismo dijo: si una sociedad tiene instituciones que premian el pillaje y castigan la productividad, la matriz de incentivos formará ladrones.

Del mismo modo, las reglas del juego disminuyen los costos de transacción dado que asumen funciones que, de hacerlas nosotros, consumirían muchos recursos. Estos costos están asociados con el diseño, monitoreo, ejecución y validación de transacciones. Al liberarnos de esta carga, permiten que ahorremos recursos que de lo contrario se perderían solo en cubrir costos de transacción, al igual que ahorra tiempo. Este tiempo nos permite adquirir más conocimiento o dedicarle más empeño a actividades productivas, que en otras circunstancias no podríamos. Como ya mencioné en el artículo de Chile y citando el trabajo de Acemoglu y Robinson, las instituciones son tan poderosas que trascienden idiomas, culturas, demografía y geografía. Así que si queremos tener garantías de que algo va a funcionar, debemos tener calidad institucional. También es necesario para sacarle el máximo provecho al conjunto de reformas.

Defender la propiedad privada, una prioridad

Dentro de la próxima reforma institucional que necesitamos para garantizar la estabilidad política, fiscal y normativa del país tenemos una arista importante a considerar. Dicha condición, necesaria para sacar el máximo provecho al conjunto de medidas —en este caso a través de la influencia del crecimiento económico sobre la recaudación— es priorizar la protección de la propiedad privada. Los derechos de propiedad se asocian estadísticamente con todo lo bueno que podamos imaginar: renta per cápita, inversión, complejidad económica, competitividad, y emprendimiento. De hecho, son necesarios para crear los incentivos adecuados para usar racionalmente los bienes económicos a nuestra disposición y promover la productividad. Sin los derechos de propiedad tampoco tendríamos intercambio de bienes, ni mercados, ni sistema de precios ni la internalización de costes y beneficios. ¿Queremos crecimiento? Entonces protejamos la base de cualquier sociedad civilizada.

La importancia de esto viene de que si la propiedad privada influye positivamente en el tamaño de la economía, el tamaño de la economía determina la recaudación y la recaudación determina el superávit necesario para reducir la deuda, entonces la propiedad privada es un factor crucial. Básicamente opera con el mismo principio de la calidad de crédito pero yendo a las bases fundacionales y funciona más como condición necesaria del entorno. La propiedad privada resulta indispensable para experimentar, poner a competir distintos usos de los recursos y averiguar cuál es más eficiente en determinados contextos. Sin ella, los distintos agentes económicos no podrían participar en este proceso de ensayo y error (porque en principio carecen de propiedad) ni tendrían incentivos (porque no pueden beneficiarse de los resultados positivos de la experimentación).

Venezuela, un país que favorece la evasión fiscal

Otro problema que puede truncar el camino a sanear las cuentas públicas es la excesiva carga tributaria de Venezuela (en todos los sentidos). Para causar superávits es necesario recuperar la recaudación, pero el gran problema del sistema tributario es que promueve la evasión. Primero que todo, el marco fiscal es excesivamente complejo: Venezuela es el país del mundo donde se pagan más impuestos (99). Según los datos del reporte Doing Business 2020 del Banco Mundial, el promedio mundial de impuestos que se pagan es de 22, es decir, tenemos cuatro veces más tributos.

En segundo término y como veremos más adelante, Venezuela tiene los niveles más altos de despilfarro de gasto y desviación de fondos acorde al Reporte de Competitividad Global. Esto se refleja en que tengamos servicios públicos increíblemente deficientes. Notoriamente, la baja calidad de los servicios públicos y la altísima cantidad de impuestos desincentivan la tributación. No vale la pena pagar tantos impuestos por tener algunos de los peores servicios del planeta. Pero además, la tributación no solo es pesada en cuanto a complejidad, sino también cuando vemos la presión tributaria que ejercen los 99 impuestos a pagar.

Una empresa estándar en Venezuela (PYME) es despojada, mediante impuestos, del 73.3% de los beneficios que obtiene de su respectiva actividad. Por cada 100$ en beneficios que pueda producir una pequeña o mediana empresa en este país, el negocio apenas se queda con 26.7 dólares si pagase todos los impuestos. Esta enorme presión tributaria está 32.92 puntos por encima del promedio mundial y muy por encima de la que tienen las economías de alto crecimiento.

Curva de Laffer: una clave para recuperar la recaudación

El Este de Asia, que concentra las economías de mayor crecimiento en los últimos 40 años, tiene una presión tributaria sobre beneficios del 34.5%. Los países de la región báltica tienen una presión del 36.6%, apenas la mitad de la que tenemos nosotros y tiene a países que desde la caída de la Unión Soviética no han parado de crecer, superado incluso a España. La enorme presión fiscal de Venezuela no tiene ninguna justificación. No tiene sentido pagar impuestos y hacerlo podría representar la descontinuación de un negocio o literalmente morir de hambre. Aunque aplica plausiblemente al caso venezolano, ciertamente las altas tasas de impuestos incentivan la evasión fiscal después de sobrepasar cierto umbral. Por tanto, usar la curva de Laffer puede ayudarnos a comprender que para restituir los niveles de recaudación anteriores necesitamos bajar los impuestos, no subirlos.

La dinámica de la curva de Laffer explica las disminuciones en la recaudación por dos vías. En primer lugar, a más recursos se lleva el Estado a través de impuestos, menos se destinarán a inversión. Como la inversión es uno de los factores tradicionales que promueve el crecimiento, tener menos de ella reduce el tamaño potencial de la economía. A más impuestos menos inversión, a menos inversión menos crecimiento, a menos crecimiento menos producción, a menos producción hay menos recursos para cobrar, y el resultado de menos cobro es menos recaudación. En segundo lugar, impuestos excesivamente altos promueven la evasión fiscal, haciendo que los ingresos de la tributación caigan al no encontrar qué fiscalizar. Por tanto, los impuestos deben reducirse para vigorizar la acumulación de capital, la inversión y desincentivar la evasión de impuestos. Actualizar el marco fiscal es otra condición necesaria.

Primer conjunto: de la parálisis a la privatización

En esencia, el primer set de medidas consiste en alterar el ritmo al que la deuda crece y en liquidar el capital público. Las primeras tres medidas se encargan de ralentizar el ritmo al que Venezuela acumula deuda, sea paralizando la adquisición de pasivos o reduciendo el interés. Ahora, la medida inicial sería reducir la tasa de endeudamiento al 50%, tal que la adquisición de deuda sea más lenta. No debemos confundir la tasa de endeudamiento con los indicadores de solvencia. La tasa se refiere al promedio de crecimiento de la deuda en los últimos 22 años. Ahora, esta tasa es de 4559.42 millones de dólares, y si nada cambiara tendríamos una deuda 2.5 veces mayor en 2035. Sin embargo, reducir el ritmo de adquisición de deuda a la mitad (2279.71 millones de dólares) permite cambiar ese escenario a uno más solvente.

La medida subsecuente es pasar de ralentizar el ritmo de endeudamiento a directamente paralizarlo: no adquirir nueva deuda. Pero todavía resta el problema de acumulación de intereses, que por sí solo puede hacer la deuda impagable. Aun si la deuda se paralizara, acreditar un interés consolidado del 5% hará que la deuda se duplique quedando en 284.544 millones de dólares en 2035. Seguir pagando el interés promedio hasta 2017 (3.95%) hará que la deuda crezca 79.03% disparándose hasta los 257.298 millones de dólares. Por eso la tercera medida consiste en reestructurar la deuda y, partiendo de negociar con los acreedores, conseguir una tasa de interés preferencial. Con ello los intereses adeudados serán menores y el peso de la deuda será más bajo. Ahora, lo mejor para dejar de acumular intereses es directamente pagar los compromisos, para lo cual se puede liquidar el 25% del stock de capital público.

Explicando: Capital público e interés preferencial

Es relativamente fácil entender lo que implica reducir la velocidad de endeudamiento o detener la nueva deuda, pero las dos últimas medidas son más complejas. El tipo de interés preferencial, fruto únicamente de la negociación con los acreedores de títulos de deuda venezolana, se fija hipotéticamente al 1.5%. Ello implica que el interés consolidado (promedio de todos los títulos emitidos) a pagar por la deuda pública será del 1.5% cada año. Por otro lado, el valor del stock de capital público se estima en 336.309,01 millones de dólares, acorde a la «Investment and Capital Stock Database». Solo vendiendo aproximadamente una cuarta parte (84.077,25 millones de dólares) de este acervo de capital público lograríamos reducir la deuda considerablemente. Aquí se define como capital toda inversión en equipos, maquinaria, planta, infraestructura. En tal caso, asumimos que creamos un Fondo de Prevención de Impagos (FPI).

Recalco que forzar el interés preferencial no funciona al fin de recuperar la confianza de los mercados, mejorar la calidad crediticia ni proyectar seriedad institucional. Teóricamente, para poder conectarnos a los mercados de capitales internacionales es clave la cooperación y admitir que el error fue de la administración venezolana. En la parte del FPI, asumimos que se puede liquidar la porción fijada de capital público (25%) y con ella se harán pagos graduales. El plazo de operación del fondo es de, como mínimo, 15 años mientras que los pagos serán iguales todos los años (a fines de la simulación). Las formas de liquidación de este capital son variadas: podemos subastar al estilo de Brasil para maximizar el financiamiento o planificar concesiones como en Ecuador. La simulación asume que los procesos de venta tardarán al menos dos años hasta realizar el primer pago.

¿Por qué privatizar?

Privatizar no solo podría alivianar el peso del desastre contenido por las arcas públicas, sino que también puede permitirnos lograr otras metas. Primero, la privatización es la única forma de poder pagar los pasivos y conseguir acceso lo más rápido posible a mercados de capitales simultáneamente. Segundo, la privatización brinda a tiempo las condiciones de solvencia necesarias para tener a la mano opciones que aparecen en el segundo conjunto de medidas. Tal es el caso de obtener refinanciamiento, bajar orgánicamente los intereses de la deuda (sacando nuestros títulos de los mercados) o incrementar el crecimiento económico. Tercero, 23 años de socialismo han demostrado que el Estado es un pésimo administrador, y dos años de «socialdemocracia paralela» confirmaron esto. Y sí, me refiero a los casos de emisión de bonos de CITGO (que no tuvo sentido más que para desfalcar) y la corrupción de Monomeros.

Actualmente, Venezuela es el país con mayor prevalencia de desviación de fondos públicos en todo el mundo mientras tiene la peor eficiencia de gasto. Así las cosas, es imperativo que los políticos venezolanos tengan menos recursos a disposición y obligarlos a recurrir a medidas estándar de financiamiento. Si los políticos no pueden administrar siquiera dos empresas, demuestran que debemos reducir la cantidad de capital que pueden manejar. Cuarto, las privatizaciones abiertas, con participación competitiva y alta demanda de primas plantean desde el comienzo un mejor manejo de recursos del sector privado. Muy diferente al Estado, el sector privado al menos tiene incentivos para hacer algo (y por eso los sectores menos intervenidos gozan de mejor desempeño). Igualmente, un cuarto del capital público no es una oferta tan atrevida después de todo.

Segundo conjunto: refinanciamiento a calidad crediticia

Para finales del año 2021 se estima que el gasto público de Venezuela será del 10.09% del PIB, cifra por debajo de su promedio histórico. Es esperable que las próximas administraciones traten de recuperar niveles previos de gasto, pero la crisis presenta una oportunidad inigualable. Cualquier aumento marginal en el gasto público se puede sentir como una bocanada de aire y reconstruirlo con superávits no es imposible. El gasto puede aumentar con la condición de que se mantenga 0.965% del PIB por debajo de la recaudación. Históricamente no es improbable mantener un gasto por debajo del 23.36% del PIB (que tiene una frecuencia del 42%) mientras hay una recaudación del 25.66%. Suponiendo que haya un retraso de tres años para configurar el marco fiscal, actualizar el servicio de tributación y establecer metas de gasto, alcanzamos superávits en 2024.

Debemos entender que para que los superávits funcionen debemos incentivar el crecimiento de la economía. Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios (Harvard Growth Lab) encontraron que la tasa de crecimiento más frecuente a nivel mundial que permitiría recuperarnos en menos de 25 años es del 9.01%. Aunque es un escenario poco frecuente, también resulta compatible con los países que salen de una crisis porque tienen más espacio para crecer. Este detalle lo dejan claro en su paper y, además, muestran que suscribir acuerdos con el FMI incrementa por cinco las probabilidades de recuperarse pronto. Claramente esto no se debe intrínsecamente al factor de que un organismo multilateral nos preste: el hecho de que nos preste refleja algo más. Ese algo es que el FMI solo presta a países con una ruta clara y viable, actos en donde el éxito se encuentra.

El «papel soporte» de la reforma institucional

Si parece poco probable que logremos una tasa promedio de crecimiento del 9.01% (o superior) para los próximos 15 años, pues no lo es tanto. Ciertamente, solo un giro institucional de 180 grados que haga al país mucho más amigable con la propiedad privada otorgaría un soporte decente. Un estudio del economista Bernhard Heitger encontró que la propiedad privada tiene una influencia demasiado grande en el crecimiento económico. Para ser precisos, un incremento del 1% en la calidad de los derechos de propiedad genera un aumento del 0.448% en el crecimiento. Si lográsemos que nuestro marco de instituciones sea tan compatible con la propiedad privada como el de Panamá (que pasa sin pena ni gloria), haríamos que la tasa de crecimiento crezca de forma acumulativa 1.45% cada año asumiendo que Venezuela se comporte como el promedio.

Estos resultados de la experiencia internacional de 97 países nos indican que la reforma institucional, como precondición, es un fuerte soporte para el crecimiento. La propiedad privada logra influir en el crecimiento afectando las variables tradicionales que lo promueven, como la inversión o la acumulación de capital humano. Por dar un ejemplo, un aumento del 1% en el índice de derechos de propiedad (del Instituto Fraser) aumenta la inversión en cerca del 0.5%. Así pues, tenemos fuertes razones para decir que si cumplimos la condición de reforma institucional, la tasa de crecimiento referencial del 9.01% es muy plausible. Podría ser incluso mucho mayor, pero preferimos mantenernos en la cola de las probabilidades para no hacer pronósticos arriesgados. Entretanto, decimos que no es una idea muy descabellada seguir esta tasa de crecimiento referencial modelada por Santos y Barrios considerando la evidencia.

¿Cómo deberían comportarse las variables macro?

Si la crisis nos presenta una oportunidad de hacer las cosas bien sin tener castigo político por la falta de gasto, no debemos desaprovecharla. Es más, la crisis presenta la oportunidad de reconstruir todo el sistema desde cero para tener, por primera vez desde 1958, un crecimiento de calidad. Como recomendamos antes de iniciar con la explicación de todos los detalles de la simulación, hay claves. La primera es revitalizar el status institucional de Venezuela, actualmente el peor del mundo. Reducir el riesgo de expropiación, garantizar la propiedad privada, centrar el sistema jurídico en la resolución de conflictos y extender la independencia judicial son claves. A esto le sumamos que dado que el sistema tributario venezolano incentiva la evasión, deben reducirse los impuestos a fines de maximizar la recaudación. Lo anterior no irá sin antes reducir el despilfarro de fondos.

Pasar de conocer qué medidas pueden funcionar para influir en el desempeño económico a estimar es difícil. No por nada los economistas fallan 9 de cada 10 veces al hacer una predicción. Decir cómo las variables deben actuar es arriesgado, pero afortunadamente tenemos un marco de referencia. Las variables aquí —gasto público, ingreso fiscal y balance— si se pueden controlar (i) porque son manejadas directamente por la administración pública. Por otro lado, existen estudios que estiman la relación entre la calidad de crédito y el crecimiento económico (ii). Generalmente, cada vez que la calificación crediticia aumenta un puesto el crecimiento económico crece 0.6 puntos gracias a un mayor flujo de capitales. Tomando este marco, decimos que es posible lograr un superávit anual medio de 2.261,26 millones de dólares entre 2024 y 2035.

La contribución de la calidad de crédito

La condición para alcanzar este superávit ni siquiera consiste en reducir el gasto público o elevar los impuestos, para nada. El único requisito es que en caso de que los niveles de gasto vayan a recuperarse, lo hagan más lento que el ingreso fiscal. Un caso familiar Ecuador: para sanear sus cuentas heredadas del corrupto Rafael Correa, la nación hermana necesita dos años para alcanzar superávits. El hecho de que nosotros necesitemos más trabajo no implica que sea imposible lograrlo teniendo el doble de tiempo, solo que debemos acelerar el paso en estructurar respuestas. Ahora, si lográsemos combinar todas las medidas anteriores lograríamos desbloquear la última: la influencia de la calificación crediticia sobre la recaudación. Si aplicando todas las medidas logramos aunque sea movernos desde el estado de default al puntaje BBB-/Baa3 en 10 años, veremos un cambio. Donde impacta es, esencialmente, en los ingresos fiscales absolutos (términos monetarios).

Dado que los niveles de recaudación dependen directamente del tamaño de la economía, y a su vez el tamaño de la economía aumenta conforme lo hace la calidad de crédito, podemos decir que este factor aumenta la recaudación. Y si la existencia de superávits depende de que la recaudación supere los gastos, entonces la calidad de crédito puede contribuir a reducir la deuda. Si con todas las medidas anteriores la calidad de nuestra deuda crece, podemos incrementar los superávits en un 16.85%. Eso sin contar los efectos potenciales que puede producir sobre el tipo de interés consolidado, tal que pueda ir por debajo del 0.75% establecido. Logrando tener un crédito medio decente (como el de Paraguay, Brasil o Guatemala), los superávits serán de US$ 2.642,32 millones en vez de US$ 2.261,26 millones. Allí radica la importancia de que las medidas sean complementarias y se apliquen en conjunto.

Pasando a las proyecciones de deuda: ¿Qué asumimos?

Acorde a la frecuencia de escenarios de crecimiento recogida por Santos y Barrios en el trabajo «¿Cuánto tiempo tomará recuperarnos de la debacle económica?» asumimos que el PIB puede crecer al 9.01% anual. Este viene a configurarse como el escenario base de crecimiento hasta 2035.

1. La primera opción asume que la tasa de endeudamiento se reduce de 4.559,42 millones de dólares (promedio histórico reciente) a 2.279,71 millones de dólares.
2. Ahondando en la opción de variar directamente el ritmo, la segunda opción asume que la tasa de endeudamiento cae de 2.279,71 millones a 0.
3. La tercera opción asume que la administración entrante tiene rondas de negociaciones con los tenedores de deuda. Producto de las negociaciones, hay una reestructuración, cambian los plazos y el interés puede reducirse a una tasa preferente del 1.5% en promedio para todos los títulos.
4. La cuarta opción recurre directamente a la liquidación de capital público mediante concesiones y/o subastas por un 25% de su último valor conocido. Valuado en US$ 336.309,01 millones, esperamos US$ 84.077,25 millones en ventas para crear un Fondo de Prevención de Impagos (FPI).
5. En la quinta opción esperamos obtener refinanciamiento de organismos financieros multilaterales como el BM, el FMI, el BID o el BIS. Se espera capitalizar, a través de alivios de deuda y préstamos concesionarios, un valor equivalente al 25% de la deuda (US$ 35.928,62 millones).
6. La sexta opción asume que el gasto público crecerá 2.32 puntos más lento que los ingresos fiscales hasta llegar al 23.36% del PIB en 2035.
7. En la penúltima opción asumimos que superávit usado en pagos aumenta de forma variable del 25% (mínimo) al 75% (máximo).
8. Finalmente, asumimos que la calidad de crédito puede moverse cuatro puestos hacia arriba, mejorando el crecimiento en 2.4% (0.6% por movimiento positivo).

Escenarios de deuda pública venezolana hacia 2035

Finalmente, tras modelar todas las opciones en unas cuantas fórmulas matemáticas y capturar sus efectos, tenemos un total de 10 escenarios. El primero parte de que no existe ningún cambio y la tasa de endeudamiento continúa igual, terminando en una deuda de 348.317,71 millones de dólares. Este escenario es contra el cual vamos a comparar el impacto directo de todas las otras medidas que permiten que nuestras obligaciones no aumenten 142.36%. Ahora, en el segundo escenario se reduce el ritmo de endeudamiento a la mitad, y la deuda termina en 266.302,66 millones de dólares (85.29% más). Entrando a la tercera proyección anulamos la adquisición de nueva deuda, pero al arrastrar intereses del 3.95% la deuda sube a US$ 223.902,47 millones (55.7%). Con la cuarta alternativa no solo anulamos el endeudamiento: conseguimos interés preferencial y la deuda a 179.676,45 millones de dólares (25.02%).

¿En qué punto la deuda pasa de crecer menos a reducirse? ¿Con qué opciones es que logramos alivianar verdaderamente la carga? Los componentes activos del conjunto de medidas, es decir, los que pasan de desacelerar a directamente cortar la deuda, se encuentran en el segundo conjunto. Si aplicamos las opciones anteriores y además se liquida el stock de capital público, la deuda puede reducirse a US$ 86.170,56 millones (40.04% menos). Consiguiendo refinanciamiento para fortalecer el Fondo de Prevención de Impagos, reducimos la carga a 70.551,47 millones (50.9% menos). Alcanzando superávits fiscales logramos reducir la deuda a entre US$ 64.816,35 y US$ 53.346,1 millones (54.89% a 62.88%) dependiendo de la intensidad de uso. Finalmente logrando producir mejoras de crédito para solidificar el crecimiento económico, la deuda puede reducirse a 49.462,61 millones de dólares, una reducción retroactiva del 65.58%.

Impacto en la reducción de la deuda potencial

Podemos ponderar el impacto directo de cada una de las opciones en la reducción de la deuda comparando los escenarios entre sí. En este trabajo vamos a comparar el escenario donde no cambia nada con aquellos donde se aplican medidas. Haciendo este otro ejercicio, podemos medir cual es la influencia individualizada de cada opción para evitar que siga explotando (contención) y, eventualmente, reducirla (cancelación). Nuestro modelo arroja que la medida más crucial para reducir la deuda es liquidar el 25% del capital público, con 93.505 millones de dólares (31.28%). La segunda medida más influyente es reducir el ritmo de endeudamiento, evitando que se formen 82.015 millones de dólares en deuda e impactando 27.44%. En el siguiente escalón se encuentra la opción de obtener interés preferencial, con un impacto del 14.79% o 44.226 millones de dólares.

No adquirir nueva deuda, o paralizar el endeudamiento, aligera la deuda un 14.18% en comparación con el escenario donde nada cambia. De tal forma, la cuarta opción por orden de impacto logra reducirla relativamente en unos 42.400 milones de dólares. La quinta opción con mayor influencia es la de refinanciar la deuda, que reduce la deuda en 15.619 millones de dólares (un 5.22%). En las opciones restantes, conseguir superávits fiscales al 25% permite reducir la deuda en 5.735 millones de dólares (1.91%), focalizar su uso la corta en otros 5.735 milones (1.91%) e intensificar su uso al 75% del valor total de superávits obtenidos entre 2024 y 2035 la reduce otro 5.735 millones (1.91%). Finalmente, mejorar el crédito soberano tiene una contribución directa de 3.883 millones de dólares estadounidenses, con una participación del 1.36% sobre el total.

Evaluando el impacto para cancelar la deuda actual

De forma conjunta, todas las medidas reducen la deuda en 298.855,103 millones de dólares comparado con el escenario donde no se hace absolutamente nada. Como se puede notar, una parte del set se especializa en contener la expansión de la deuda reduciendo su valor potencial a niveles más bajos. En este sentido, aplicar estas medidas permite atajar la deuda pública y reducirla en relación al nivel que alcanzaría si no las aplicáramos. Vimos que aunque no lo parezca, algunas de las medidas tienen un peso considerable. La otra parte del set permite cancelar directamente la deuda pública mediante el uso de ingresos corrientes y la liquidación de capital público. Ahora, ¿cuáles son las medidas de mayor impacto para reducir la deuda pública que tenemos ahora? ¿Qué debe hacerse para conseguir una reducción directa? Seis de ellas entran aquí.

La opción más importante para reducir la deuda pública (otra vez) es liquidar el acervo de capital público, con un impacto de US$ 36.707 millones. Luego, la medida con segundo mayor impacto es capitalizar refinanciamiento equivalente al 20% de la deuda pública, reduciéndola en US$ 15.353 millones. Solamente estas dos medidas concentran aproximadamente el 61.31% de toda la influencia, colocándose como las de mayor prioridad. La siguiente medida más importante es conseguir superávits fiscales, reduciendo la deuda en US$ 12.353 millones y aportando una contribución del 16.29%. Intensificar el uso del superávit al doble permite ahondar la reducción en otros US$ 9.618 millones con una contribución del 10.2%. Finalmente, mejorar el crédito soberano permite reducir la deuda efectivamente en US$ 7.599 millones (8.06%) a mediano plazo y triplicar el uso de superávits contribuye con otros US$ 3.883 millones (4.12%).